Prisión preventiva para siete barras de la UOCRA

El juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi dio un paso contundente en una de las causas más resonantes de los últimos meses en la región: avaló el pedido del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y dictó la prisión preventiva para siete de los detenidos por la salvaje emboscada ocurrida el 25 de marzo en el Hospital San Roque de Gonnet.

Este fallo complica la situación judicial de los acusados, vinculados a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y a las barras bravas de Estudiantes y Gimnasia, en un caso que combina violencia gremial, rivalidades futbolísticas y disputas por el control territorial.

El único que quedó en libertad fue Víctor Alexis Ybarra, quien conducía uno de los vehículos de la caravana que llegó al hospital de Gonnet. El juez consideró que no hay elementos suficientes para sostener que participó activamente en la agresión, aunque sigue imputado en la causa y podría enfrentar nuevas medidas si aparecen más pruebas.

La resolución judicial recayó sobre Iván Tobar, sus hijos Rodrigo y Santiago Tobar, Luis Nievas, Nehuén García, Emiliano D'Amico, Braian Gamarra y Franco Gamarra, todos acusados de formar parte del grupo que protagonizó dos hechos de altísima violencia el 25 de marzo: el ataque callejero a Fernando Sacconi y la emboscada con armas de fuego y blancas dentro del centro de salud, donde resultó herido, entre otros, Cristian Camilleri, jefe de la hinchada de Gimnasia.

Para el fiscal Petit Bosnic, quien llevó adelante una reconstrucción pormenorizada de la secuencia, los imputados actuaron bajo un plan común, con reparto de funciones y clara intención homicida. El juez coincidió: "Los elementos probatorios reunidos permiten tener por acreditada prima facie la existencia del hecho, su calificación legal, y la participación de los imputados, quienes habrían obrado en un marco de acuerdo previo y con uso de violencia extrema".

¿Cómo sigue en la causa?

Con la prisión preventiva confirmada, los siete detenidos permanecerán tras las rejas hasta que el caso llegue a juicio oral, salvo que la defensa logre revertir la medida en instancias superiores. La fiscalía, por su parte, avanza en el análisis de nuevas pruebas, como comunicaciones previas al ataque y posibles fuentes de financiamiento de los operativos violentos. La investigación también podría derivar en cargos más graves, como asociación ilícita, si se comprueba la existencia de una estructura organizada detrás de los hechos.

El caso del Hospital de Gonnet no solo sacude a La Plata, sino que expone las complejas redes de poder que operan en la intersección del sindicalismo, el fútbol y la política. Mientras la ciudad espera respuestas, la Justicia tiene el desafío de desarticular estas dinámicas y garantizar que hechos como este no se repitan.